El pleno de Diputación insta a la Junta a ayudar a los municipios de más de 5.000 habitantes

El pleno de la Diputación de Granada aprobó el 28 de mayo la memoria justificativa de los planes provinciales de Obras y Servicios de 2020, lo que supone acelerar las inversiones en los municipios con el objetivo de dar impulso al sector de la obra pública en la provincia ante la crisis económica derivada de la pandemia.

Esta memoria refleja el reparto por ayuntamientos de un total de 20 millones de euros. Este plan es el de mayor dotación económica de los que desarrolla la Diputación en cooperación con los municipios. «Se trata de agilizar los trámites y que los ayuntamientos puedan empezar desde ya a elaborar sus proyectos en cuanto esté abierta la convocatoria», explica el portavoz del Gobierno provincial y vicepresidente primero, Pedro Fernández.

Además, esta memoria establece que los ayuntamientos podrán decidir si aportan fondos para aumentar la cuantía de las actuaciones o los destinan a otras medidas o iniciativas. Es decir, la Diputación ya no exigirá a los municipios que aporten recursos económicos a los planes de inversión como condición para acceder a ellos. El objetivo es que los municipios puedan liberar recursos para hacer frente a los gastos derivados de la crisis del coronavirus.

El pleno aprobó también una moción del PSOE que insta a la Junta de Andalucía a la aprobación de un programa andaluz de colaboración financiera extraordinaria con los municipios andaluces con población superior a 5.000 habitantes para poder hacer frente a la prestación de los servicios públicos afectados por la crisis de la Covid-19. «Aún queda pendiente la aprobación de ayudas para atender las necesidades de financiación que tienen los municipios con una población superior a los 5.000 habitantes», señala el texto de la moción. En el caso de Granada, son 41 los municipios con una población superior a los 5.000 habitantes, entre los que se encuentran Huétor Vega, Monachil, Cájar, Ogíjares o La Zubia.

El portavoz, que ha destacado que estos ayuntamientos «aún no han recibido ninguna aportación financiera adicional por parte de la Junta de Andalucía», ha insistido en que esa financiación es «muy necesaria para que los municipios puedan hacer frente a todos los gastos extraordinarios derivados de una crisis que no es sólo sanitaria sino que también es social y económica».

También salió adelante una moción de Izquierda Unida que recoge varias propuestas para mejorar la calidad del aire de la provincia y combatir la contaminación. La iniciativa, que se ha aprobado con dos enmiendas del grupo socialista, propone aumentar los controles de aire en la provincia, reforzar el servicio de control de la calidad del aire, informar a los municipios sobre el nivel de calidad del aire en sus localidades, asesorar a los ayuntamientos y elaborar un estudio de las fuentes de contaminación y un plan de reducción, así como impulsar la alianza metropolitana por el aire limpio y promover medidas como aumentar el uso de energías renovables, disminuir el uso de vehículos motorizados de combustión o incentivar el empleo del transporte público.

Desde IU apuntan que «en consonancia con los textos jurídicos diseñados a nivel europeo y nacional para luchar contra los efectos del cambio climático, este paquete de propuestas busca impulsar una gran alianza metropolitana por el aire limpio».

La diputada y coordinadora provincial, Mari Carmen Pérez, consiguió el apoyo del pleno de la institución provincial. Según defendió ante el resto de formaciones en el pleno telemático-presencial, «respirar un aire limpio es un derecho de toda persona, pero lamentablemente la mala calidad del aire que respiramos provoca efectos muy perniciosos para nuestra salud, tal y como se ha demostrado ante la incidencia de los efectos del Covid-19 en la provincia, y en particular en el área metropolitana». Pérez tildó de «ejemplar» el esfuerzo conjunto «que todos y todas debemos hacer para luchar contra la contaminación del aire, fundamentalmente causada por el tráfico motorizado».

La segunda clave de la moción señala la promoción junto a los ayuntamientos del uso de energías renovables. «Para ello pedimos que todas las instalaciones públicas sean de autoconsumo y su energía provenga de fuentes cien por cien renovables; el reto de la emergencia climática nos concierne a todos y nuestras administraciones más cercanas no pueden quedarse atrás». La diputada apeló a «la necesidad del aumento de los controles de calidad del aire y la divulgación de información sobre el estado del mismo, puesto que la concienciación y educación ciudadana sobre los efectos de la contaminación es imprescindible».

Con la aprobación de esta moción, dijo Pérez, «ponemos en la palestra un paquete de medidas sustanciales para luchar contra la emergencia climática en la provincia, ya que el aumento de los controles de calidad del aire irá parejo a la renovación de los equipos existentes en todos los municipios, y así podremos conseguir establecer una gran alianza donde se integren todas las administraciones y que se nutra de una coordinación para erradicar, en todo lo posible, la emisión de los contaminantes».

La actual crisis sanitaria exige del compromiso de todas las instituciones y, según matizó Pérez, «las administraciones públicas, entre ellas Diputación, deben velar por que la calidad del aire que respiramos no afecte a nuestra salud de forma negativa, tal y como hemos comprobado en la proyección de la pandemia en nuestra provincia». Además, «ya es hora de impulsar políticas en la única dirección viable, que es la que aboga por acelerar los cambios en nuestros sistemas de energía, movilidad y alimentación; la clave está en no tener que dudar en si respirar en un determinado ambiente es seguro o no».