El municipio aprueba el presupuesto de 2013

  • El Ayuntamiento de Huétor Vega se ha convertido en uno de los primeros municipios de la provincia en aprobar su presupuesto para el año 2013. Con una previsión de ingresos de casi seis millones y medio de euros (6.417.319 ?), estas cuentas se caracterizan por su realismo y austeridad, en palabras de Mariano Girela, concejal de Hacienda, ya que "los cálculos se han  ealizado teniendo en cuenta la actual situación de crisis y, por lo tanto, se han calculado a la baja los posibles ingresos, mientras que la previsión de gastos se ha calculado con holgura para evitar que haya partidas que se queden sin consignación, y con la idea de que exista la posibilidad de que se genere algún superávit a final del ejercicio, que iría a reducir la deuda financiera".

Por su parte, el alcalde de Huétor Vega, Mariano Molina, ha asegurado que estas cuentas son el resultado de su compromiso de reducir la deuda del municipio para así colaborar en el "objetivo común de reducción del déficit establecido por el Gobierno de España, ya que, mientras que esto no se consiga, no seremos capaces de crear empleo". En este sentido ha destacado la reducción a la mitad de la partida para fiestas, la eliminación de las dietas de los órganos de de Gobierno, y el "importante ahorro de casi 150.000 euros que hemos logrado con una gestión eficaz sacando a concurso la limpieza de edificios, la revisión de ascensores, los seguros y la gestión indirecta de la piscina municipal, con condiciones económicas más beneficiosas para las arcas del Ayuntamiento", ha afirmado el primer edil.

De otro lado, se incrementa un 25% el gasto en acción social, es decir la ayuda a familias en situación de emergencia, y se asume como propia la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) que hasta ahora no venía contemplada en los presupuestos como tal.

Con respecto a los ingresos, dada la difícil situación económica para los ciudadanos, el Gobierno Municipal no ha incrementado los impuestos ni las tasas, tan solo el Impuesto de Bienes Inmuebles cuya subida se estableció por Real Decreto para todos los municipios que no tengan revisados los valores catastrales.