Huétor Vega tiene presupuesto tras un mes de tensión política

El informe conjunto de secretaría e intervención desbloqueó el presupuesto de 2018./DIEGO LUZ
El informe conjunto de secretaría e intervención desbloqueó el presupuesto de 2018. / DIEGO LUZ

El debate sobre la situación de dos trabajadoras del centro de salud a sueldo del Ayuntamiento desde hace dos décadas bloqueó el plan y puso a la oposición en contra del alcalde

Eduardo Tébar
EDUARDO TÉBARHuétor Vega

El pleno municipal de febrero fue el más bronco del actual mandato en Huétor Vega. La consecuencia principal: el presupuesto quedó bloqueado. El ambiente se caldeó desde los primeros minutos, cuando el alcalde, Mariano Molina, leyó las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos Huétor Vega-Los Rebites. El texto incluía un tema que resultó incendiario: la petición de «retirar» a dos trabajadoras del centro de salud a sueldo del Ayuntamiento y trasladar al SAS «la necesidad de que su coste sea atendido por dicho servicio». La alegación no tuvo recorrido al no ajustarse a lo tasado por ley. Sin embargo, el asunto se desarrolló a través de una enmienda de Ahora Sí Podemos que fue secundada por la oposición, que pide incorporar a estas dos trabajadoras en la Relación de Puestos de Trabajo municipales «que se están ocupando en el centro de salud para definirlos definitivamente conforme a la ley y devolver el presupuesto al gobierno municipal para que se redacte de nuevo de acuerdo a la ley y ajustado a criterios contables», según matizaban los cuatro partidos de la oposición (PSOE, IU, Ahora Sí Podemos y Ciudadanos) días después en un comunicado conjunto.

La polémica estaba servida y la bola se fue agrandando. La oposición del consistorio hueteño subraya que en ningún momento se plantea que estas dos trabajadoras pierdan su puesto en el centro de salud, donde se encargan de repartir los turnos. El portavoz de Ahora Sí Podemos, Pedro J. Collado, recriminó al equipo de gobierno que «hay una cierta persecución y animadversión» contra el colectivo vecinal Huétor Vega-Los Rebites. Una de las trabajadoras lleva ahí desde el año 2001. La otra, desde 2005.

Mariano Molina, alcalde (PP)

Sobre el infome técnico:
«Presentamos un recurso y ahí está el informe de secretaría. Este acuerdo era ilegal porque no se podía devolver el presupuesto. Lo que viene a decir el informe de secretaría y el interventor es que habría que despedir a esas trabajadoras. Luego recibimos un informe de la Junta Andalucía en el que nos dice que son competencias impropias. Como veníamos realizándolas desde antes de 2013, cuando salió la Ley Montoro, podemos seguir mientras tengamos capacidad económica. Y como tenemos un remanente positivo altísimo, evidentemente las podemos mantener legalmente».
Sobre la consultoría privada:
«Ninguna de las causas que presentó la asociación de vecinos estaba tasada entre las permitidas para presentar alegaciones. La consultoría externa fue para resolver las causas por decreto. Como no estaban dentro de las causas tasadas, no tenían por qué ir a pleno. Se podían resolver por decreto. Luego, cuando empezaron a presionar porque eso tenía que ir a pleno, el interventor y la secretaria se consideraron que lo mejor sería llevarlas a pleno. He hablado con la consultora y me dicen que en el juzgado lo hubiésemos ganado seguro, porque no están dentro de las causas que tienen que ir a pleno. Yo no quiero tener ningún problema, así que las llevamos a pleno y punto. El informe de intervención decía que había que desestimarlas».

Tras el pleno, el alcalde pidió un informe jurídico a la Junta de Andalucía. «Nos ha dicho que si están antes de 2013 y tenemos capacidad económica, es legal», explica Mariano Molina. «La Junta no iba a poner a nadie. Este servicio se presta en todos los pueblos, como Cájar, Monachil, Ogíjares, Alhendín. La Zubia no, porque es Zona Básica. La directora gerente del área metropolitana me dijo que esto es así en todos los municipios de Andalucía». El Ayuntamiento de Huétor Vega selló un acuerdo verbal con la Junta cuando se creó el nuevo centro de salud. «Ellos asumían el coste de la luz, el agua, el teléfono y la limpieza, cuando en los pueblos eso es competencia municipal. Nosotros construimos un centro que tenían que haber edificado ellos y que costaba dos millones de euros».

Pedro J. Collado (Ahora Sí Podemos)

Sobre el informe técnico:
«Leyendo el informe de secretaría, lo que veo es que hay partes que no han entendido porque dudan sobre el planteamiento. No lo voy a responder porque no creo que sea misión de un grupo político discutir con los funcionarios, sino con los otros grupos políticos. Yo lo que veo ahí es una presión por parte de alcaldía para que informe recogiera sus postulados. A mí lo que me parece es que el alcalde no sabe hacer presupuestos. Se ha equivocado en varias ocasiones y de varias maneras. Puede que haya errores técnicos por nuestra parte, pero echarle la culpa a la asociación de vecinos de que las alegaciones no son correctas no quita que el alcalde está proponiendo unos presupuestos mal hechos, donde no se recoge de acuerdo con la ley las partidas presupuestarias que deberían de estar».
Sobre las dos trabajadoras:
«Lo que sucede es que el Ayuntamiento tiene contratadas a esas dos trabajadoras de manera irregular. Empezaron con un contrato de obra y servicio de duración determinada. Llevan desde 2015 contratadas por un contrato de obra. Eso, según la legislación laboral, les da derecho a que su contrato se reconozca como que es un contrato laboral de indefinido no fijo porque han estado más de tres años. Yo, como sindicalista, considero que esas dos trabajadoras están ocupando unas plazas de estructura del Ayuntamiento. El alcalde lo que quiere es mantener plazas de libre disposición de contrato y despido cada vez que le dé la gana, pero esas trabajadoras están cumpliendo una labor fundamental para el pueblo, que es la de atender lo que las instituciones no están cubriendo. No queremos que se vayan. Esas dos trabajadoras ya deberían ser fijas como personal indefinido del Ayuntamiento».
Sobre el recurso del equipo de gobierno:
«El alcalde sigue haciendo cosas irregulares. El recurso contra el pleno de febrero no se planteó como grupo popular, sino usurpando, robando, apropiándose del papel de oficio del Ayuntamiento, para darle un mayor peso o efectividad. El alcalde plantea que a base de recursos, y además recursos mal elaborados, consigue sacar adelante el presupuesto. Y se equivoca. Planteando un recurso, nos podríamos personar en el juzgado contra su recurso. Nuestra postura era que, si el alcalde no corregía los presupuestos, probablemente podría tener el presupuesto bloqueado un par de años. Si el alcalde mete recursos contra las decisiones del pleno, lo que puede conseguir es que el solo se bloquee el presupuesto durante años en el contencioso. Las diferencias políticas hay que discutirlas políticamente, no resolverlas en los juzgados».

Un comentario del alcalde tras la votación en el pleno de febrero desembocó en la crispación de la oposición en bloque durante todo marzo. «Bien, cuando la gente diga que no hay personal dando números allí, ya sabemos quiénes son los responsables». Las suspicacias aumentaron tras el artículo de opinión del PP en estas páginas. ¿La reacción? Una nota conjunta firmada por los cuatro grupos de la oposición en la que se acusaba a Mariano Molina de «mentir» y «tergiversar la realidad». «Intenta ocultar el grave error cometido por su persona, que puede ser motivo de delito de prevaricación, desvío de poder y mala administración de caudales públicos», decían los portavoces en un duro comunicado común, sin precedentes en la política local en los últimos años.

Carolina Higueras (PSOE)

Sobre la RPT:
«Queremos el trabajo de estas dos profesionales se incluya en la RPT para que esté garantizado. Ahora mismo no aparecen. Sin embargo, para 2018 se ha modificado la Relación de Puestos de Trabajo para crear una plaza de tesorera y equilibrar dos puestos de trabajo que, haciendo las mismas funciones, cobraban diferente en función de que fueran laborales o funcionarios. O sea, que han tocado la RPT. Así que podrían haber aprovechado para incluir también estas personas».
Sobre las dos trabajadoras:
«Como grupo socialista, en ningún momento hemos pedido que echen a esas dos trabajadoras. Estamos muy contentos con su trabajo desde hace muchos años y ese no era el motivo de aceptar las enmiendas, sino porque el alcalde las había denegado por decreto de alcaldía. Cuando las alegaciones y la aprobación de un presupuesto se hacen en el pleno, no se resuelven por decreto de alcaldía. Entonces, la manera de paralizar eso era aceptando las enmiendas que presentaba el grupo de Ahora Sí Podemos, que aboga por modificar la RPT: nada de despedir a las trabajadoras. Eso es una manipulación tremenda. Modificar la RPT significa que esas dos personas de incluyan dentro de la Relación de Puestos de Trabajo en el Ayuntamiento, porque no están incluidas. Nuestra reivindicación es al revés: regular y garantizar su trabajo. Nosotros no estamos de acuerdo con las alegaciones que presentó la asociación de vecinos. Lo que apoyamos en el pleno fue la enmienda que presentó Ahora Sí Podemos, no las alegaciones de la asociación de vecinos. Ahí se manipuló. Se discutió que habían deslegitimado por decreto de alcaldía unas alegaciones que presenta una asociación de vecinos. Nos resulta llamativo que estemos haciendo reuniones puntuales de recogidas de propuestas por parte de vecinos de Huétor Vega para unos presupuestos participativos y cuando una asociación de vecinos alza la voz, les decimos que no. Si las alegaciones hubieran ido a pleno, hubiésemos votado en contra y ya está. Lo que hizo Mariano Molina nos parece un poco dictatorial. El alcalde no puede decir que queremos que echen a estas dos trabajadoras. No es verdad. Y además lo ha utilizado diciendo que los cuatro grupos políticos de la oposición queremos que se despida a esas dos trabajadoras o que se vayan al SAS. Eso no es cierto. Yo en ningún momento he cuestionado estas dos trabajadoras».

«La realidad es que la Asociación de Vecinos presentó en plazo una serie de alegaciones al presupuesto del ejercicio 2018 y el alcalde, asumiendo las competencias que son propias del pleno, emitió un decreto de alcaldía por el que no se admitían dichas alegaciones y por el que aprobaba definitivamente el presupuesto para 2018 sin pasar por el pleno», denunció la oposición. «Con esta acción, el alcalde despojaba al pleno de sus facultades y competencias, impidiéndole tomar una decisión sobre temas que son de la exclusiva competencia del pleno y que recogen la Ley de Haciendas Locales y la Ley de Bases de Régimen Local».

Chus Fernández (IU)

Sobre las trabajadoras y el acuerdo con la Junta:
«La polémica la ha creado el alcalde cuando miente por partida doble. Ningún grupo de la oposición ha pedido el despido de ninguna trabajadora. Lo que hemos solicitado es que pasen a ser pagadas por el SAS, ya que tenemos un centro de salud y no un consultorio médico. También miente al hacer referencia a un supuesto convenio con el SAS para hacer frente al pago de esas trabajadoras y de la limpieza. La limpieza está contratada y pagada por el distrito metropolitano desde que tenemos un centro de salud y, si realmente existiera dicho convenio, además de ser una mala gestión por su parte, ya lo habría presentado, cosa que no ha hecho».

Con similar contundencia, el 14 de marzo, el informe conjunto de intervención y secretaría dejaba sin efecto los dispuesto en el pleno anterior y desbloqueaba el presupuesto para proceder a su aprobación. El informe concluye que «no se deriva consecuencia práctica alguna de la estimación parcial de la alegación porque el Ayuntamiento ha decidido asumir desde hace más de diez años el coste de personal que presta esos servicios en el consultorio médico y mantiene un vínculo laboral con las dos trabajadoras que no puede ser desconocido».

Joaquín López Sidro (C's)

Sobre el informe técnico:
«Todos los grupos estamos de acuerdo en que las alegaciones de la asociación no deben de admitirse porque son por causas tasadas. A partir de ahí, está el tema de la enmienda de Ahora Sí Podemos. Yo pedí que se informara sobre la irregularidad. Nosotros queríamos el informe de intervención para que todo se aclarara. Esa es nuestra postura. Desconocíamos la circunstancia que se da en el centro de salud. Votamos a favor de la enmienda porque no sabíamos lo que pasaba. Nosotros vamos a luchar para que esas dos trabajadoras sigan ahí. Parece que eso estaba así durante muchos años y no tenía por qué seguir de esa manera. Tampoco queremos que se produzca ningún mal para nadie. A mí no me gusta elucubrar: quiero un informe de intervención que refleje lo que sucede allí. Pero en ningún caso que se produzca ningún tipo de daño laboral a las trabajadoras. Un informe, ojo, sobre la enmienda de Ahora Sí Podemos, no sobre las alegaciones de la asociación de vecinos».

Ahora Sí Podemos lo encaja a disgusto. «Leyendo el informe de secretaría, lo que veo es que hay partes que no han entendido porque dudan sobre el planteamiento. No creo que sea misión de un grupo político discutir con los funcionarios, sino con los otros grupos políticos. Yo lo que veo ahí es una presión por parte de alcaldía para que el informe recogiera sus postulados. A mí lo que me parece es que el alcalde no sabe hacer presupuestos, se ha equivocado en varias ocasiones y de varias maneras», comenta a IDEAL Pedro J. Collado. «Este acuerdo era ilegal porque no se puede devolver el presupuesto», manifestaba el alcalde a este periódico tras el informe.

Comunicado de la oposición en marzo

Los portavoces del PSOE, IU, Ahora Sí Podemos y Ciudadanos de Huétor Vega denuncian la manipulación mediática que el alcalde, Mariano Molina (PP), ha llevado a cabo a través de un artículo publicado en el periódico local y en las redes sociales. Con ello, intenta ocultar el grave error cometido por su persona, que puede ser motivo de delito de prevaricación, desvío de poder y mala administración de caudales públicos.

La realidad es que la Asociación de Vecinos Los Rebites-Huétor Vega presentaron en plazo una serie de alegaciones al presupuesto del ejercicio 2018 y el alcalde, asumiendo las competencias que son propias del pleno, emitió un decreto de alcaldía por el que no se admitían dichas alegaciones y por el que aprobaba definitivamente el presupuesto para 2018 sin pasar por el pleno.

Con esta acción, el alcalde despojaba al pleno de sus facultades y competencias, impidiéndole tomar una decisión sobre temas que son de la exclusiva competencia del pleno y que recoge la Ley de Haciendas Locales y la Ley de Bases de Régimen Local, que disponen que es atribución del pleno la aprobación de los presupuestos, de la plantilla de personal, así como la autorización de gastos en materia de su competencia.

Con este decreto, el alcalde incurría en clara causa de nulidad, puesto que lesiona el derecho constitucional a la participación en los asuntos públicos de los vecinos que presentan alegaciones y, sobre todo, de los concejales de la corporación, a los que se priva de su derecho de voto. Derecho reconocido en el artículo 23 de la Constitución.

Obligado por estas razones, el alcalde tuvo que dejar sin efecto, por un lado, el decreto de alcaldía que inadmitía las alegaciones de la asociación de vecinos, y, por otro, la aprobación definitiva del presupuesto. En ese pleno, el grupo Ahora Sí Podemos presentó una enmienda, absolutamente legal, que pedía estimar parcialmente, las alegaciones al presupuesto de 2018, presentadas por la Asociación de Vecinos de Huétor Vega-Los Rebites, en cuanto se refieren a la dotación presupuestaria y la Relación de Puestos de Trabajo municipales que se están ocupando en el centro de salud para definirlos definitivamente conforme a la ley y devolver el presupuesto al gobierno municipal para que se redacte de nuevo, de acuerdo a la ley y ajustado a criterios contables.

Al someter dicha enmienda a votación y perderla por nueve votos a ocho, el alcalde amenazó a todos los grupos políticos de la oposición diciendo que los grupos iban a quitar a las dos personas que dan los números en el centro médico. Esto es una gran mentira, impropia de un alcalde. Todos los grupos políticos manifestaron con rotundidad en el pleno que esas acusaciones eran falsas, que no se estaba poniendo en cuestión el trabajo de estas dos excelentes profesionales ni se iba a permitir que perdieran su trabajo. Cuando, además, son personal con un empleo publico legal y estabilizado. Todos los partidos estamos a favor de que estas dos profesionales continúen desarrollando su trabajo en el centro de salud.

Lo que se dijo en el pleno es que el alcalde ha hecho tarde y mal el presupuesto y que se le devuelve para que lo vuelva a redactar de acuerdo con la ley y lo traiga al pleno para ser aprobado. Que lo único que se pedía es que el alcalde actuara conforme a la ley y no asumiera competencias que no son suyas de forma dictatorial. No engañe más a los vecinos.

Por otra parte, también se está haciendo correr el bulo (y esperemos que no esté pasando en ningún caso) de que mientras no se apruebe el presupuesto no se podrán pagar las facturas. Eso es absolutamente falso, primero porque se prorroga el presupuesto del año pasado y segundo porque se pueden hacer modificaciones extraordinarias de crédito con cargo al superávit o a otras partidas. Esperamos que no se estén reteniendo facturas ni otros pagos que haya que abonar para culpabilizar a la oposición de la parálisis en que se encuentra el Ayuntamiento por la mala gestión de un alcalde que no escucha a los partidos en la oposición y cuyo único objetivo es culpar de todos sus errores o a los técnicos del Ayuntamiento o a los grupos en la oposición.

A la vista está que en vez de trabajar por el bien de nuestros vecinos y vecinas, ha emprendido la lucha política de cara a las elecciones mintiendo y engañando sin pudor por el bien propio de su partido. Mas que como gobierno municipal, actuando de oposición a la oposición.

De aquí se sale de una manera muy simple. Se redacta el presupuesto de nuevo, de acuerdo con la legislación vigente, y se lleva a aprobación al pleno. Nadie de la oposición tiene la culpa que el alcalde y el gobierno popular de Huétor presentaran tarde el presupuesto, incumpliendo la ley, y que no haya podido aprobarse en la fecha que correspondía, antes de empezar el año.

Por su lado, el PSOE presentó en el pleno de marzo una propuesta de revisión de la Relación de Puestos de Trabajo para incluir los puestos de las trabajadoras del centro de salud que no están en la RPT, «a pesar de llevar casi 20 años contratadas así como de otros trabajadores que están en una situación parecida». La portavoz socialista, Carolina Higueras, detalla su postura: «En ningún momento hemos pedido que echen a esas dos trabajadoras. Estamos muy contentos con su trabajo desde hace muchos años y ese no era el motivo de aceptar las enmiendas, sino porque el que el alcalde las había denegado por decreto de alcaldía. Cuando las alegaciones y la aprobación de un presupuesto se hacen en el pleno, no se hacen por decreto de alcaldía. Entonces, la manera de paralizar eso era aceptando las enmiendas que presentaba Ahora Sí Podemos, que solo pedían modificar la RPT. Nada de echar a las trabajadoras. Eso es una manipulación tremenda». El 22 de marzo, con gran expectación en el salón plenario, el presupuesto quedó aprobado.

Propuesta del PSOE para la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo

El grupo municipal del PSOE de Huétor Vega ha realizado una propuesta para revisar la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento con el fin, entre otros puntos, de incluir los puestos de las dos trabajadoras del centro de salud. El grupo socialista propone la revisión de todos los puestos vacantes en la RPT municipal «introduciendo las actuales vacantes de la plantilla municipal en la RPT». También solicita poner en marcha la promoción interna de todos los puestos que así lo requieran. Del mismo modo, «considerando que en el informe de intervención queda acreditado que en el presupuesto municipal existe consignación suficiente y adecuada para atender las obligaciones económicas que se derivan de la modificación de la plantilla de personal y de la RPT, puesto que así están recogidos en la relación facilitada», sugieren la creación de puestos de trabajo para un maestro de oficios, dos oficiales de primera, ocho peones operarios, un peón sepulturero, un auxiliar administrativo de empleo, dos auxiliares del consultorio médico, un auxiliar administrativo informático, un auxiliar de biblioteca y tres auxiliares administrativos.

El PSOE apela para que se convoque la Mesa de Negociación colectiva para iniciar la revisión de la RPT y la negociación de un nuevo acuerdo de condiciones de trabajo entre Ayuntamiento y funcionarios de 2018 a 2021, «en el que se podrán en marcha medidas para la motivación y formación de los empleados públicos. Con ello se iniciará un plan de racionalización de los recursos humanos».

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